REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Jueves, 18 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana dejó en estado de fallo un paquete de 21 acciones directas de inconstitucionalidad, dentro de las cuales se destaca de manera neurálgica el recurso interpuesto en contra de varios artículos de la reciente Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal, cuyo objeto principal es lograr la despenalización del aborto en el territorio nacional.
El presidente de la alta corte, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, adoptó la decisión procesal luego de escuchar de manera formal las conclusiones presentadas por los ciudadanos y colectivos accionantes, los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuerpos jurídicos del Senado y de la Cámara de Diputados, así como las ponencias de los intervinientes voluntarios de la sociedad civil.
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Complejidad del Debate y Concesión de Plazos Especiales
Debido a la alta relevancia, complejidad técnica y la evidente trascendencia nacional que reviste el debate en torno a la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, la presidencia del órgano constitucional dispuso la apertura de plazos especiales y sucesivos antes de proceder con la redacción del dictamen definitivo:
Primera prórroga excepcional: El tribunal otorgó un primer plazo de cinco días hábiles dirigido exclusivamente a la parte accionante y a los intervinientes voluntarios que se adhieren a su postura de nulidad, con el fin de que puedan responder de manera formal a las intervenciones orales producidas durante la audiencia.
Segundo plazo de réplica: Una vez concluya y venza de forma oficial dicho término, se activará de forma automática una segunda prórroga de cinco días hábiles adicionales para que las autoridades accionadas y todos los colectivos que se oponen a la demanda puedan refutar los nuevos escritos depositados. Cumplido este ciclo procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo definitivo conforme a las normativas vigentes.
Posturas Encontradas: Procuraduría, Congreso y Colectivos Civiles
El desarrollo de la audiencia pública concentró argumentos de alto calibre técnico-jurídico, dividiendo las posiciones de la siguiente manera:
PGR y Congreso en defensa del articulado: La Procuraduría General de la República fijó su dictamen formal solicitando rechazar de forma absoluta la acción de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDDRD). El órgano acusador atacó el recurso que objeta los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, bajo el argumento de que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados que pretenda vulnerar el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción. En ese orden, los abogados del Senado (doctor Fabio García) y de la Cámara de Diputados (doctores Tipso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo) defendieron la soberanía del Poder Legislativo y ratificaron que la aprobación se rigió con estricto apego a la Carta Sustantiva.
Exigencia técnica de las "tres causales": En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) —junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico— articularon la defensa técnica de la demanda. Solicitaron la nulidad de la penalización absoluta por vulnerar derechos como la salud, la integridad y la dignidad. Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento frases restrictivas del artículo 110 y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto). Asimismo, la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, propuso una fórmula aditiva para asegurar el consentimiento libre e informado de la mujer bajo estrictos protocolos sanitarios.
Bloque Pro-Vida defiende su inclusión: Organizaciones religiosas y comunitarias que aglutinan a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Pronación, defendieron con vehemencia su derecho a debatir. El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de este bloque, solicitó al TC desestimar los intentos de exclusión promovidos por grupos feministas basados en formalismos temporales, invocando la tutela judicial efectiva para enriquecer el pluralismo del contradictorio y requiriendo que se declare el rechazo total de la despenalización.
Ficha del Proceso: Recursos contra la Ley 74-25 (Código Penal)
| Actores en Pugna Jurídica | Articulado Bajo Escrutinio | Solicitudes y Plazos Procesales |
| Demandantes: Rosa H. Hernández, ACD, CDDRD, INTEC y Cristóbal Rodríguez. | Pieza Atacada: Artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25 (Código Penal). | Plazo 1: 5 días hábiles a los accionantes para responder intervenciones. |
| Defensores de la Ley: PGR, Senado, Cámara de Diputados y Bloque Pro-Vida (Codue, JUCUM, Pronación). | Eje Central: Penalización absoluta vs. Inclusión explícita de las tres causales médicas. | Plazo 2: 5 días hábiles sucesivos a los accionados para refutar escritos. |
| Liderazgo Judicial: Magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier. | Base de Oposición: Blindaje al artículo 37 de la Constitución (vida desde la concepción). | Estatus Actual: En estado de fallo con prórrogas técnicas de debate escriturado. |
🖋️ SOBRE ESTE ARTÍCULO
Redacción: carmen luisa rodriguez
Contacto: lanacionimforma1@gmail.com
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