REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Miércoles, 3 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó de manera unánime el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del magistrado Aurelio Valdez Alcántara, ratificando en consecuencia la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva en su contra, tras ser acusado formalmente de recibir sobornos y extorsionar a un testigo clave en un entramado de corrupción pública.
De acuerdo con las piezas que integran el expediente acusatorio instrumentado por los órganos de persecución, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente a una persona bajo investigación penal la suma de doscientos mil dólares (US$200,000) a cambio de desestimar su expediente.
Posteriormente, tras una serie de negociaciones espurias, el encartado redujo sus pretensiones económicas a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000), transacción ilícita en la cual también mostró un interés particular en un reloj de lujo marca Rolex y exigió de manera mandatoria la entrega de un vehículo de alta gama, específicamente un Mercedes-Benz modelos 350 o 450.
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Presión Telefónica y Fechas Límite
Las pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público ante las altas cortes documentan un agresivo esquema de presión psicológica y coacción ejercido por el imputado mediante llamadas telefónicas recurrentes.
El requerimiento: El expediente detalla que el 18 de marzo de 2026, el procesado contactó de forma directa al testigo y le preguntó textualmente: “¿Para cuándo está la cosa?”.
La coacción: En esa misma conversación, el encartado fijó como fecha límite fatal para la entrega de los valores el 24 de marzo de 2026.
La amenaza: Asimismo, Valdez Alcántara habría advertido de manera explícita sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la impunidad o la libertad del testigo al desembolso definitivo del soborno, del cual constan pagos preliminares verificados de diez mil dólares (US$10,000).
Rechazo a Medidas Menos Gravosas
Ante el tribunal de alzada de la Suprema Corte, el cuerpo de abogados de la defensa del magistrado solicitó de manera formal a los jueces de la cámara penal la revocación de la prisión carcelaria, abogando en su lugar por la imposición de un arresto domiciliario, presentación periódica e impedimento de salida del país, alegando presupuestos de arraigo que fueron desestimados por los magistrados ante la gravedad y peligro de obstrucción del proceso.
La investigación de este sonado caso está siendo dirigida de forma directa por las máximas autoridades de la Procuraduría General de la República, quienes garantizaron de manera enérgica a la población que no se tolerarán bajo ninguna circunstancia actos de corrupción o prevaricación en el sistema de justicia dominicano, calificando este acontecimiento penal como un hecho de extrema gravedad institucional.
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