REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Miércoles, 3 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – Los restos mortales de la adolescente de 14 años que fue asesinada en el interior de un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en el municipio de San Antonio de Guerra, fueron sepultados este miércoles en medio del más profundo dolor, lágrimas y reclamos de justicia por parte de sus familiares y allegados, mientras el Ministerio Público avanza en las indagatorias de un caso que mantiene conmocionada a la sociedad dominicana.
El trágico deceso de la menor, identificada por sus iniciales N.P.P., ocurrió la madrugada del pasado 24 de mayo dentro del centro residencial de acogida estatal. Por el crimen, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años de edad enfrentan una acusación provisional por homicidio y cumplen actualmente una medida cautelar de 30 días de internamiento provisional en el Instituto Preparatorio de Señoritas de Villa Consuelo.
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Contexto de Vulnerabilidad: Abandono y Nacionalidad
Los nuevos elementos integrados al expediente judicial por el órgano persecutor revelan el dramático contexto de desprotección que rodeaba a la víctima antes de su trágico final:
Origen: La adolescente era de nacionalidad haitiana.
Ingreso al sistema: Había sido ingresada en el Sistema Nacional de Protección de CONANI apenas nueve días antes de ser asesinada.
Antecedentes: Su traslado al centro de Guerra se dispuso luego de haber permanecido varios días ingresada en un centro hospitalario nacional por motivos de salud, sin que ningún familiar o tutor legal se presentara a reclamar su custodia o cuidado.
Según el testimonio de la interna que presenció el hecho y que sirvió para desarticular la coartada de las agresoras, las tres imputadas llevaron bajo engaño a la menor al área de los baños con el pretexto de entregarle una "sorpresa", lugar donde procedieron a inmovilizarla en el suelo y provocarle la muerte por asfixia mecánica utilizando una sábana y un cordón.
Respuestas Institucionales y Suspensión de Personal
Ante la gravedad del acontecimiento y los fallos evidentes en la custodia estatal, la dirección ejecutiva de CONANI informó de manera oficial la suspensión preventiva inmediata de todo el personal que se encontraba encargado de la seguridad, monitoreo y acompañamiento nocturno en el referido centro residencial de San Antonio de Guerra.
De igual forma, la institución estatal procedió con la intervención administrativa y técnica de las instalaciones, al tiempo que comisiones de distintas agencias gubernamentales y de la sociedad civil revisan con urgencia los protocolos de protección, segmentación por edades y supervisión interna en toda la red de hogares de paso del país.
El trágico desenlace ha desatado una ola de duros cuestionamientos públicos sobre las condiciones reales de seguridad de los centros de acogida para menores en la República Dominicana, reabriendo con fuerza el debate nacional sobre la capacidad del sistema de protección pública para garantizar la vida y la integridad física de los niños, niñas y adolescentes que son puestos bajo la estricta tutela del Estado.
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