REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Martes, 2 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – El cuerpo sin vida de la adolescente que falleció de forma trágica mientras se encontraba bajo el cuidado y tutela del Estado en un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), fue entregado formalmente este martes a sus familiares, luego de una ordenanza judicial expresa emitida por la magistrada Nicole Mejía, jueza de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.
La liberación y entrega de los restos mortales se concreta tras transcurrir nueve dolorosos días del suceso que conmocionó de manera profunda a la opinión pública dominicana, permitiendo finalmente que los parientes cercanos puedan iniciar los ritos correspondientes a las honras fúnebres de la menor.
Antonio Paul, vocero y familiar directo de la adolescente, informó formalmente a los medios de comunicación que el acto de sepelio se llevará a cabo de manera estrictamente discreta, privada e íntima, debido al notable tiempo transcurrido desde el deceso y al avanzado estado del proceso forense.
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Régimen de Medidas Cautelares y Tipificación Penal
En el plano estrictamente penal y judicial, la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo dictó el pasado lunes una medida cautelar consistente en 30 días de internamiento provisional en contra de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años de edad, presuntamente vinculadas con el trágico desenlace en el centro de acogida.
El togado Félix Prenza, quien asume la defensa técnica y representación legal de la familia de la víctima, desglosó el estado actual del proceso:
Acusación penal: Las tres menores de edad enfrentan una tipificación penal y acusación provisional por el delito de homicidio.
Fase de investigación: El jurista aclaró que las autoridades competentes del Ministerio Público de NNA mantienen un hermetismo riguroso, por lo que, hasta el momento, se desconocen oficialmente los móviles y las circunstancias exactas que habrían originado las agresiones o el hecho fatal dentro de la institución estatal.
El caso continúa bajo una estricta fase preparatoria de investigación criminal, mientras diversos sectores de la sociedad civil exigen una profunda revisión institucional a los protocolos de seguridad y supervisión interna aplicados por el Conani en sus hogares de paso y centros de atención a nivel nacional.
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