REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Viernes, 5 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – La magistrada Yanibet Rivas, jueza titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó este viernes un auto de apertura a juicio de fondo en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y del empresario José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez), señalados como los principales cabecillas del presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado bajo la operación judicial denominada «Caso Camaleón».
El fallo judicial determina de manera formal que el órgano persecutor cuenta con los elementos probatorios suficientes para discutir la culpabilidad de los encartados en un tribunal colegiado por la supuesta comisión de desfalco, espionaje, sabotaje tecnológico y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
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El voluminoso expediente acusatorio desglosado por el Ministerio Público detalla de forma individualizada la presunta participación y los roles ejecutados por cada uno de los procesados dentro del esquema ilegal:
José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez): Señalado de forma directa como el beneficiario económico de una serie de contratos fraudulentos. Se le imputa ser el responsable del control absoluto de los sistemas semafóricos y de videovigilancia citadina, realizar espionaje tecnológico y orquestar el sabotaje a la red semafórica que provocó el caos en el Gran Santo Domingo.
Hugo Beras: Acusado de facilitar desde su posición de máxima autoridad en el Intrant las adjudicaciones fraudulentas a empresas que carecían de capacidad técnica. Asimismo, se le vincula con la manipulación coordinada de la red semafórica y del sistema de videovigilancia estatal.
Frank Díaz Warden: Imputado por manipular los procesos de licitaciones y las decisiones internas del Comité de Compras del Intrant para favorecer de manera deliberada a las empresas integradas en el esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Acusado de facilitar el control técnico de la red de semáforos a agentes externos y de incurrir en la falsificación de certificaciones institucionales.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia: Vinculado al proceso por la emisión de certificaciones falsas relativas a la disponibilidad presupuestaria del organismo de tránsito.
Pedro Vinicio Padovani Báez: Señalado por supervisar directamente el centro de control de tráfico, participar en las licitaciones fraudulentas, incurrir en lavado de activos y ejecutar el sabotaje material de la red semafórica capitalina.
Carlos José Peguero Vargas: Imputado por actuar como operador financiero, movilizando y blanqueando fondos ilícitos a través de la firma INPROSOL S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez: Identificados como representantes de la empresa PagoRD Xchange, quienes presuntamente actuaron como testaferros para ocultar la propiedad real de la compañía y desviar millonarios fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Casso: Acusado de operar como intermediario financiero directo para el desvío y lavado de los fondos públicos sustraídos.
Empresas Utilizadas como Vehículos Societarios
La acusación formal de los fiscales especializados incluye un robusto régimen de consecuencias contra las personas jurídicas, señalando que las siguientes empresas e inversiones fueron creadas o instrumentalizadas para fines criminales:
Transcore Latam S.R.L.: Utilizada para la obtención de los contratos fraudulentos y el control operativo ilegal de la red semafórica.
PagoRD Xchange S.R.L.: Empleada de forma sistemática para la apropiación indebida de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L.: Participó activamente en complejas operaciones corporativas de lavado de dinero y contrabando.
Dekolor S.R.L.: Utilizada para encubrir, desviar y manipular los procesos de emisión de licencias.
Aurix S.A.S.: Destinada de forma exclusiva a la ejecución de labores de espionaje clandestino y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L.: Funcionó como el principal vehículo financiero y puente para la movilización de capitales del esquema.
OML Inversiones S.R.L.: Utilizada para consolidar las ganancias ilícitas mediante la adquisición de bienes inmuebles de alto valor.
Tipificaciones y Sanciones Penales Solicitadas
Las conductas punibles atribuidas a los encartados se encuentran estrictamente tipificadas y sancionadas bajo un amplio catálogo de normativas jurídicas vigentes en la República Dominicana:
Constitución de la República: Artículo 146, numeral 1 (prescripción de la corrupción administrativa).
Código Penal Dominicano: Artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios); 147, 150 y 151 (uso de documento privado falso); 171 y 172 (desfalco); 265 y 266 (asociación de malhechores); y artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano).
Leyes Especiales de Alta Tecnología y Terrorismo: Artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley núm. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (sabotaje, robo de identidad, delitos contra la nación y actos de terrorismo); y artículos 5, 8 (letra F) y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo.
Leyes de Comercio Ilícito y Lavado: Artículos 5, 33, 34, 35 y 36 de la Ley núm. 17-19 sobre Contrabando y Falsificación; y artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Regulación de Armas: Artículos 66, 67 y 69 de la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Con la emisión de este dictamen por parte del Sexto Juzgado de la Instrucción, el expediente pasa ahora de forma oficial a los tribunales colegiados de primera instancia, donde se fijará la fecha de inicio para el debate público de las pruebas.
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