Ola de repudio contra el senador Bernardo Alemán tras sugerir el “secuestro” de opositores en campaña

REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Miércoles, 27 de mayo de 2026

SANTO DOMINGO, RD. – Unánime y categórico ha sido el rechazo generado en el espectro político nacional ante las recientes declaraciones del senador por la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán. El legislador oficialista afirmó públicamente que, durante las campañas electorales, estaría dispuesto a “encerrar” o incluso “secuestrar” a dirigentes de la oposición con el apoyo de efectivos militares para garantizar la captación de votos.

Alemán encendió las alarmas del debate público al asegurar en una entrevista concedida a un medio de comunicación que, con el fin de asegurar el triunfo en una contienda electoral, sería capaz de apelar a medidas extremas. Durante su intervención, llegó a catalogar el “secuestro” como parte de las supuestas prácticas habituales utilizadas en procesos comiciales del pasado.

Compañeros de partido expresan “vergüenza” Las reacciones de censura no se hicieron esperar dentro del Congreso Nacional. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización a la que pertenece Alemán, así como representantes de agrupaciones aliadas, manifestaron sentir “vergüenza” y una profunda preocupación por la ligereza y gravedad de las expresiones de su compañero de curul.

Tanto el litoral oficialista como diversos sectores de la sociedad civil organizada han unificado sus voces en un repudio generalizado. Coinciden en señalar que este tipo de pronunciamientos atentan directamente contra los pilares de la democracia, quebrantan la ética política, vulneran el respeto a las leyes vigentes y promueven de manera abierta conductas delictivas de alta gravedad.

Un historial marcado por la polémica Esta nueva controversia se suma a un historial de cuestionamientos públicos que arrastra el representante de Montecristi. Se recuerda que en el año 2019, mientras se desempeñaba como diputado, Alemán fue objeto de una investigación formal por parte del Ministerio Público debido a su presunta vinculación en delitos de agresión sexual y violencia intrafamiliar en perjuicio de dos menores de edad, de 16 y 17 años.

En aquella ocasión, el proceso penal en su contra no pudo prosperar en las instancias judiciales debido a la inmunidad parlamentaria que le cobijaba por su investidura.

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