BOGOTÁ, COLOMBIA. – La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió de oficio una investigación de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por su presunta intervención en política de cara a los comicios presidenciales, cuya primera vuelta electoral se celebrará el próximo domingo 31 de mayo.
A través de una comunicación oficial conocida este martes y firmada por la presidenta de la referida célula legislativa, Gloria Elena Arizabaleta, se detalló que la medida responde a las recurrentes declaraciones y publicaciones en redes sociales efectuadas por el mandatario en los últimos días.
El origen de la polémica judicial La apertura del proceso penal se desencadena tras una ola de críticas provenientes de diversos sectores de la oposición y de organismos de control independientes. A Petro se le cuestiona el haber difundido de manera abierta mensajes de respaldo a la candidatura oficialista del senador Iván Cepeda, justo en la antesala de la veda electoral.
De acuerdo con el documento dirigido al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, la actuación judicial se fundamenta jurídicamente en el artículo 422 del Código Penal colombiano —el cual tipifica el delito de intervención en política por parte de servidores públicos—, así como en las facultades especiales contempladas en la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. La legislación de ese país prohíbe taxativamente a los funcionarios ejercer militancia o debate electoral, exceptuando el derecho al sufragio.
Fuero presidencial y juicio político Dada la alta investidura del jefe de Estado, este cuenta con un fuero constitucional blindado, lo que impide que sea procesado o juzgado por los tribunales de la justicia ordinaria mientras permanezca en el poder.
En ese sentido, la Carta Magna colombiana faculta exclusivamente a la Comisión de Acusación de la Cámara Baja como el único órgano competente para investigar penal o disciplinariamente al presidente.
Si la Comisión de Investigación determina que existen méritos y pruebas suficientes, el protocolo constitucional dicta que deberá formular una acusación formal contra el presidente Petro ante la plenaria del Senado de la República, organismo que asumiría el rol de "juez político" para determinar la viabilidad de un juicio de destitución.
Presión institucional del Ministerio Público El caso tomó mayor tracción institucional luego de que el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, solicitara formalmente a la Comisión parlamentaria un informe exhaustivo con el inventario de todas las quejas y denuncias radicadas contra el mandatario por este mismo motivo.
Reportes de medios locales en Bogotá aseguran que el tribunal legislativo acumula actualmente cerca de una docena de expedientes similares contra la gestión presidencial, mientras que la Procuraduría General busca vigilar estrechamente el curso del debido proceso en el Congreso.
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Redacción: La nacion Informa
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