REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Sábado, 6 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – La reciente decisión judicial que envió a juicio de fondo a los implicados en la denominada «Operación Camaleón» no solo marca un avance contundente en uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más complejos y relevantes de los últimos años, sino que además acaba de sentar un precedente histórico al poner a prueba, por primera vez, la aplicación práctica de la reforma al Código Procesal Penal de la República Dominicana.
De acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público, este proceso judicial se ha convertido formalmente en la primera acusación de gran envergadura que logra superar la fase preliminar bajo el amparo de las nuevas reformas legales vigentes en el país.
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Celeridad Procesal: Un Juicio en Apenas Seis Meses
El elemento más destacable de este hito jurídico radica en la velocidad con la que se ha administrado el proceso, un escenario poco común en la historia de los tribunales dominicanos cuando se trata de desfalcos de gran magnitud:
Presentación del expediente: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó de manera formal la acusación en octubre de 2025.
Dictamen del tribunal: Transcurridos apenas seis meses desde dicho depósito, el tribunal dictó el auto de apertura a juicio de fondo este jueves.
Para las autoridades judiciales y el órgano persecutor, el cortísimo tiempo transcurrido refleja los resultados positivos de las modificaciones procesales implementadas con el objetivo primordial de agilizar los procesos penales y reducir de forma drástica la mora crónica en los tribunales de la República.
El Núcleo de la Acusación y el Intrigante Ajuste de Cargos
El caso, que ha sido declarado oficialmente bajo la tramitación de asunto complejo, se centra en el desmantelamiento de una supuesta estructura de corrupción pública y privada que habría operado de forma ilícita mediante la adjudicación de contratos relacionados con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa.
Durante la lectura del fallo de la audiencia preliminar, el tribunal realizó un importante filtro a las calificaciones jurídicas propuestas por los fiscales:
Cargo Descartado (Terrorismo): El tribunal decidió descartar de forma definitiva la acusación de terrorismo formulada originalmente por la Pepca, al entender jurídicamente que no se lograban reunir los elementos normativos necesarios para sustentar dicho ilícito penal en esta etapa.
Cargos Validados: No obstante, la judicatura validó en su totalidad la acusación por sabotaje y mantuvo vigentes todos los demás cargos graves del órgano persecutor.
De este modo, el expediente que será ventilado públicamente ante los jueces de primera instancia contempla imputaciones formales por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa en perjuicio del Estado dominicano, sabotaje, contrabando, falsificación de documentos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La Postura del Ministerio Público ante la Sentencia
Para los representantes del Ministerio Público, la exclusión del cargo de terrorismo no altera en lo absoluto el núcleo duro ni la solidez de la investigación. Los fiscales especializados aclararon que la plataforma fáctica de los hechos atribuidos a los imputados, así como el masivo arsenal de evidencias recabadas durante la etapa preparatoria, continúan intactos y listos para formar parte del debate probatorio en el juicio de fondo.
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Redacción: La nacion Informa
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