REDACCIÓN.- LA NACIÓN INFORMA Martes, 2 de junio de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – Una condena drástica de hasta 20 años de prisión condigna podría enfrentar a partir de este año cualquier conductor que, transitando bajo los efectos del alcohol, provoque un accidente de tránsito en el que resulten personas fallecidas. Así lo contempla de manera taxativa el nuevo Código Penal de la República Dominicana, cuya entrada en vigencia oficial está pautada para el próximo mes de agosto.
Esta modificación sustancial en la tipificación de los delitos viales fue calificada como un hecho trascendental e histórico por la procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Los accidentes de tránsito han sido catalogados históricamente por los organismos sanitarios como una epidemia social que mantiene en constante preocupación a las autoridades del orden. Sin embargo, con el nuevo marco jurídico, los choferes que incurran en la irresponsabilidad de conducir en estado de ebriedad y atenten contra la vida humana, chocarán de frente con un régimen punitivo severo.
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image_47d4c8.jpg: La magistrada Yeni Berenice Reynoso frente al logo institucional del Ministerio Público, acompañada de un recuadro que ilustra un vehículo destruido tras un impacto vial severo.
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Participación en Conferencia sobre Control y Transparencia
La magistrada ofreció estas declaraciones jurídicas este martes durante su participación como panelista invitada en la conferencia titulada “Cumplimiento, Control y Transparencia en los Servicios de Salud”.
El encuentro académico e institucional estuvo encabezado de forma directa por el doctor Julio Landrón, director de la red hospitalaria nacional, y contó con la participación masiva de directores médicos de los diferentes centros hospitalarios traumatológicos y generales de todo el territorio nacional, quienes lidian a diario con las consecuencias de la siniestralidad vial en las salas de emergencias.
Durante su intervención en el encuentro, la magistrada Berenice Reynoso no solo desglosó el alcance punitivo de la nueva normativa penal sobre el tránsito, sino que también pasó revista a las estrategias conjuntas del Ministerio Público en la persecución de los delitos financieros y la lucha frontal contra la corrupción administrativa en las diferentes esferas del Estado.
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